El sábado día 13 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 5/2021 que recoge lo aprobado en Consejo de Ministros del día anterior, dando forma a un paquete de ayudas extraordinarias por 11.000 millones de euros, en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

 

Vamos a hacer un breve repaso de las principales características de cada ayuda, siendo conscientes de que la práctica totalidad de las medidas que veremos a continuación precisarán de posteriores desarrollos, por lo que ni son aplicables ya (salvo algunas disposiciones finales) ni se pueden solicitar de forma inmediata. Determinados aspectos deberán ser desarrollados mediante Orden del Ministerio de Hacienda, Convenios con las Comunidades, Acuerdos del Consejo de Ministros u Orden de las Comunidades Autónomas.

 

Limitaciones para acogerse a las ayudas (Puntos 1 a 3) que podrán incrementarse por Acuerdo de Consejo de Ministros

  • No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
  • No culpabilidad en resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
  • Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
  • Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
  • No haber solicitado la declaración de concurso voluntario.
  • Asimismo, los siguientes compromisos:
  • Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
  • No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
  • No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.

 

1) Nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas (7.000 millones €).

Esta línea se divide en 2 compartimentos:

  • 2.000 Millones € para Canarias y Baleares
  • 5.000 Millones € para el resto de Comunidades. El reparto entre cada Comunidad se hará atendiendo a los criterios de: renta, desempleo y desempleo juvenil.

¿Quiénes?

Podrán acogerse a esta ayuda los autónomos y empresas no financieras cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30 % con respecto a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I – Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– Esta es una limitación muy relevante porque, por ejemplo, no se encuentra incluido el CNAE 1102 de elaboración de vinos pero, por el contrario, sí aparecen los códigos 1101 y 1103 de elaboración de bebidas alcohólicas y sidra, respectivamente. Por este motivo, algunas asociaciones empresariales ya se están dirigiendo al Gobierno para que se incrementen el número de actividades admitidas como subvencionables.

En el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, el solicitante de la subvención será el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.

No se podrá subvencionar a quienes hayan declarado un resultado negativo en 2019 en su:

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa
  • Impuesto sobre Sociedades o Impuesto de la Renta de no Residentes, en la base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

¿Para qué?

Las ayudas deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.

¿Importe y límites?

Según se trate de:

  • Empresarios o profesionales que en régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El importe será de 3.000 €
  • Empresarios y profesionales (en régimen de estimación directa) con caída de más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019 en su volumen de operaciones anual declarado en IVA. Ayuda mínima de 4.000 € y máxima de 200.000 € según el siguiente cálculo:
    • Hasta 10 empleados.- Se subvencionará el 40% sobre todo el importe de caída que exceda del 30% tomado como base. Ejemplo: Una empresa declaró 1.000.000 € de ventas en 2019 y 500.000 en 2020, luego su caída de 500.000 € alcanzó el 50%. Por tanto, su disminución de ventas supera en 200.000 € el umbral de 300.000 € de caída mínima. Le correspondería una subvención del 40%, sobre esos 300.000 €, o lo que es lo mismo, 120.000 €.
    • Más de 10 empleados.- Se subvencionará el 20% según el mismo método de cálculo.

Las Comunidades autónomas determinarán el método a considerar para aquellas altas o modificaciones empresariales realizadas en los años 2019 y 2020 de forma que no sean años completos comparables.

¿Plazo?

Deberán firmarse convenios entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas para la ejecución por estas de las ayudas en el plazo máximo de 1 mes desde la entrada en vigor del día 13 de marzo. Una vez entren en vigor los convenios, el Ministerio destinará a las Comunidades las transferencias de fondos en un plazo máximo de 10 días. Cada Comunidad podrá desarrollar su Orden para gestionar las ayudas dentro del año 2021. Les corresponderá a las Comunidades el seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de los destinatarios finales.

¿Obligaciones?

La empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar el mantenimiento de la actividad a 30 de junio de 2022. En caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas.

 

2) Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID (3.000 millones €).

Las medidas de solvencia son de carácter selectivo para las empresas y autónomos que cumplieran con unos requisitos mínimos de salud financiera. Y, con carácter excepcional, se plantea la realización de transferencias a autónomos y empresas para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia. En caso de que se produzcan pérdidas como consecuencia del impago de las operaciones avaladas, dando lugar a una ejecución del aval, el Estado y las entidades financieras las asumirán las pérdidas de manera proporcional al nivel de cobertura del aval.

¿Cómo?

El Gobierno promoverá mediante Acuerdo del Consejo de Ministros un Código de Buenas Prácticas para las entidades bancarias, de forma que aquellas que quiera tramitar renovaciones o aplazamientos de la deuda por préstamos con garantía ICO, deberán suscribir dicho Código.

Se determinará por Acuerdo de Consejo de Ministros las medidas y los plazos máximos para la solicitud, ampliándose o prorrogándose los actuales plazos y manteniéndose las garantías del Estado.

Excepcionalmente y según se acuerde en el Código de Buenas Prácticas se podrán cancelar las deudas mediante transferencia del Estado a las Entidades Financieras, sin que esa cancelación conlleve comisiones.

Los aranceles notariales derivados de las modificaciones de los préstamos se bonificarán en un 50%.

El interés de mora aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad financiera la aplicación de cualquiera de las medidas del Código de Buenas Prácticas consistirá, como máximo, en incrementar el 1% al tipo de interés anual del préstamo modificado.

¿Qué ocurrirá si se ejecutan los avales del Estado en préstamos Covid?

Las entidades financieras serán las encargadas de perseguir la cobranza de las deudas impagadas.

Se establecerán en Consejo de Ministros las condiciones para la realización de posibles quitas.

Los créditos de la Hacienda Pública por ejecución de los avales se considerarán créditos ordinarios en el caso de concurso de acreedores.

 

3) Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID (1.000 millones €).

Para aquellas empresas para las que la extensión adicional del vencimiento de los préstamos con aval público del punto anterior no fuera suficiente, se plantea como medida de segundo nivel, la posibilidad de convertir estos préstamos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público. Para ello se crea el «Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID», carente de personalidad jurídica y cuya definición se concretará por Acuerdo del Consejo de Ministros. El apoyo se concretará en instrumentos de deuda privilegiada o de capital que estarán exentos de pago de aranceles notariales o registrales.

Ese Fondo estará destinado a la inversión temporal en las empresas de mediano tamaño que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia en sus balances y en sus mercados. Las inversiones tendrán un plazo inicial de 8 años ampliable según Acuerdo del Consejo de Ministros. En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren inviables a futuro. Queda pendiente de definir estos límites de valoración.

La gestión del Fondo queda encomendada a la sociedad mercantil estatal Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.

 

4) Extensión hasta finales de año de las moratorias para procesos concursales.

Se modifican y actualizan tres situaciones que regulan los procedimientos de concursos de acreedores:

  • Se amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.
  • Se aclara que el plazo de dos meses del que dispone el deudor para solicitar la declaración de concurso voluntario debe computarse a partir de la fecha de finalización del plazo de suspensión de ese deber. Por tanto, hasta el 28 de febrero de 2022.
  • Las empresas, profesionales y autónomos que se encuentren en dificultades para cumplir con un convenio, un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación homologado, podrán presentar una modificación del mismo.

 

5) Desarrollo de cuestiones adicionales. Ampliación de plazos tributarios.

Se posibilita el aplazamiento de calendarios de pago de los préstamos ya existentes y formalizados dentro de los planes Emprendetur (turismo) y Reindus.

Las personas jurídicas (sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones) que no hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, podrán seguir utilizando estos medios durante el ejercicio 2021 (tal y como se podía hasta ahora con carácter temporal), evitándose con ello desplazamientos y presencia física.

Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021 y su volumen de operaciones en 2020 no supere 6.010.121,04 €, con las siguientes condiciones:

  • El plazo será de seis meses.
  • No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento (hasta ahora tres).

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

 

Área de Consultoría de SEAIN-ETL Global

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